Las formas de organización de los emprendedores culturales -2 de 3-

emprendedorPor:
David F. Dávila Gómez*
Libro de Economía Cultural
Compartido para la
Red Nacional de Gestores Culturales

Fundaciones: Dentro de las entidades creadas por el Derecho Civil, encontramos a las Fundaciones, reguladas por la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Distrito Federal, las cuales son personas morales que se constituyen destinando bienes de propiedad privada a la realización de fines de asistencia social, entendida ésta como las acciones destinadas a proporcionar apoyo, integración social y sano desarrollo a los individuos o grupos de población vulnerable o en situación de riesgo o desprotección física, mental, jurídica o social, comprendiendo acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación.

Ahora bien, consideramos que puede constituirse una Fundación con la finalidad de fomentar y desarrollar diversas expresiones culturales, pues estos fines encuadran dentro del concepto de asistencia social, pues el desarrollo de las artes, sobre todo enfocado a grupos o individuos vulnerables o en situación de riesgo, permiten un sano desarrollo de dichos grupos o individuos; con ello las diversas manifestaciones del arte llegarían a un público más numeroso y los creadores y promotores culturales difundirían de manera conveniente sus obras.

Conforme al artículo 95, fracción VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las fundaciones organizadas en términos de las leyes respectivas pueden recibir donativos deducibles del Impuesto sobre la Renta, lo cual permitiría que personas físicas o morales puedan hacer donativos que a su vez podría deducir en el pago de impuestos; el beneficio es para ambos: por un lado la Fundación percibe un ingreso para el cumplimiento de sus fines, y el donante además de contribuir económicamente a los fines de la Fundación, puede deducir de impuestos su aportación.

Sociedades de Responsabilidad Limitada: Hay organizaciones en que dos o más emprendedores culturales buscan una finalidad de índole mercantil, y para este supuesto existe una razón social o una denominación, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, en la que los socios no podrán ser más de 50 y están obligados sólo al pago de sus aportaciones, en las que el capital nunca podrá ser inferior a cinco mil pesos, y estará representado por títulos denominados “partes sociales” (artículos 58, 59, 61 y 62 de la Ley General de Sociedades Mercantiles).

Por lo que respecta a los elementos que se desprenden del concepto anterior, este tipo social puede tener una razón social o una denominación, según los emprendedores culturales quieran destacar uno u otro aspecto.

El órgano supremo de la sociedad, será la asamblea de socios. Todo socio tendrá derecho a participar en las decisiones de las asambleas, gozando de un voto por cada mil pesos de su aportación.

Este tipo de sociedades tiene la ventaja de que la Ley que las regula no exige necesariamente la existencia de un comisario u órgano de vigilancia de la misma, pero si los socios así lo deciden pueden nombrarlo.

Cuando un grupo de emprendedores culturales egresados de una misma institución decidieran iniciar una forma mercantil de poner en el mercado sus conocimientos, podrían adoptar esta forma de organizarse y constituir una sociedad denominada “Promotores de la Cultura Mexicana, S. de R.L.”.

Sociedad Anónima: La Ley General de Sociedades Mercantiles define a la sociedad anónima en su artículo 87 como: “Sociedad Anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones”.

Del anterior artículo puede desprenderse claramente que en virtud de la existencia de la sociedad, las personas que en ella intervienen sólo responden de las obligaciones que la Ley les impone como socios hasta el monto de sus aportaciones.

En cuanto a la denominación bajo la cual se constituye la sociedad anónima, la mencionada Ley en su artículo 88 menciona que “…se formará libremente, pero será distinta de la de cualquiera otra sociedad y al emplearse irá siempre seguida de las palabras ‘Sociedad Anónima’ o de su abreviatura ‘S.A.’”.

La Ley General de Sociedades Mercantiles exige que el contrato de sociedad necesariamente deba celebrarse en escritura pública otorgada con la forma que la Ley establece, ante notario público, quedando inscrita dicha escritura en el Registro Público de Comercio.

Es pues la escritura pública la norma y base para los acreedores y para cuantos de una manera directa o indirecta hayan de entenderse con la sociedad, ya que cualquier persona puede informarse en dicho registro sobre las condiciones y duración de la sociedad.

 

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