“Reconocer los medios comunitarios sería un paso importante para la democracia” -2 de 2-

edison 3Por:
Oswaldo J. Hernández
Plaza Pública
Guatemala, C. A.

Obviamente se torna un tema complejo. No estoy diciendo que lo comunitario debe prevalecer sobre lo comercial. El sector comercial es importante para la radiodifusión, pero lo comunitario, en países como Guatemala, representa las posibilidades de que las comunidades se expresen directamente, como totalidad de sus derechos. No hay, sin embargo, que esperar que esta situación llegue a instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde ya hay jurisprudencia al respecto. Por lo tanto sería bueno para Guatemala que su legislación en materia de medios comunitarios cambiara en este momento en que la población exige prácticas políticas distintas a sus representantes. La inclusión debería ser parte de los cambios.

¿Por qué existe la resistencia comercial contra la inclusión legal de lo comunitario?

A pesar de estas resistencias, muchos países lo han conseguido. México, Brasil, Chile, Uruguay, incluso Honduras, Bolivia, Ecuador, Venezuela han creado mecanismos para el acceso de los medios comunitarios. Algunas leyes mejor que otras. La discusión fue una disputa larga, pero en su mayoría se ha optado por la vía legal para el reconocimiento. Se han dado cambios de mentalidad en lo comercial. Entonces es difícil entender que no exista lo mismo en un país como Guatemala donde estaría más que justificado el reconocimiento del sector comunitario en cuanto a libertad de expresión. Es algo que estamos recomendando en el informe sobre la situación de Derechos Humanos para Guatemala desde la CIDH.

¿Acaso vemos una lucha por el discurso que históricamente ha sido en defensa del status quo desde las radiofrecuencias en Guatemala?

No quiero adjudicar intencionalidad a nadie. Nuestro llamado es a la tolerancia y a la inclusión. América Latina ha transitado el camino de la exclusión, con la preeminencia de unos grupos sobre otros. Y me parece que ese camino no conduce a tener democracias diversas como las que necesitamos. Todos tienen derecho a la libertad de expresión pero siendo responsables. Los que tienen funciones públicas, los representantes, los gobernantes, los que hacen periodismo, tienen una responsabilidad grande con su comunidad. El debate abierto, robusto, incluso ofensivo está permitido pero si no se hace desde las plataformas de comunicación. Hay que extremar la autorregulación sobre ello. Y claro, hay temores ante la posibilidad de que el gobierno, en nombre de la democratización, incurra en violaciones a la libertad de expresión. Pero hay ejemplos, en Europa y Canadá en América, que sirven para demostrar que los temores son infundados.

Lo comunitario debe quedar claramente regulado: es un espacio para comunidades donde haya apertura y diversidad de ideas, donde se pueda plantear lo político y lo religioso, pero no de forma exclusiva y con crítica.

edioson 2Lo religioso y lo político podría ser un problema en cuanto al discurso dentro de lo comunitario.

Una de las disposiciones es que lo comunitario es para la comunidad, y no para el proselitismo ni lo religioso. Eso debe quedar claro dentro de la legalidad. Ni político ni religioso. Estos discursos tienen otros canales. Obviamente el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también protege la manifestaciones de discursos religiosos pero, vamos, no por ello debe haber una concesión directa de las frecuencias a las iglesias. Lo comunitario debe quedar claramente regulado: es un espacio para comunidades donde haya apertura y diversidad de ideas, donde se pueda plantear lo político y lo religioso, pero no de forma exclusiva y con crítica.

En tanto nada esté regulado hay desorden. Hay criminalización en contra de los medios comunitarios por parte del Estado.

La relatoría lo dice también. Ha sido un uso desproporcionado de la persecución penal en contra de quienes intentan hacer uso de la libertad de expresión mediante una frecuencia aun cuando no tienen autorización. Es el efecto a causa del impedimento estructural para acceder a una frecuencia. Generas desorden sin conciencia de lo que se produce. En sí, es una violación a la libertad de expresión: por un lado impedir que puedan obtener una frecuencia y por otro lado penalizarlos porque se expresan desde un medio comunitario. Por ello puede haber consecuencias para el Estado.

¿Las sanciones son parte de las opciones que quedan?

Tiene obligación de cumplir. No hay otro camino. Por ley, formal y material, cualquier Estado tiene que respetar los intereses legítimos de la convención: los derechos de los demás, la libertad de expresión, el orden público, la seguridad nacional. Pero debe haber proporcionalidad en cómo se hacen estas cosas. Un balance. La relatoría insiste e insta al Estado de Guatemala y al Poder Legislativo, en adoptar los más altos estándares en materia de radiodifusión para incluir a los medios comunitarios dentro de la legislación. La última recomendación de la CIDH para Guatemala promueve que lo hagan. Nuestro papel es observar que se respeten las libertades fundamentales

 

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