“Reconocer los medios comunitarios sería un paso importante para la democracia” -1 de 2-

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Por:
Oswaldo J. Hernández
Plaza Pública
Guatemala, C. A.

Entrevista a Edison Lanza, Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la OEA. El Estado guatemalteco tiene la obligación de crear mecanismos —sobre todo legales— que garanticen el acceso a las frecuencias radioeléctricas a las comunidades rurales, más allá de lo que dicta el libre mercado, y a pesar de la oposición de los consorcios de las radioemisoras comerciales. Así lo señala Edison Lanza, Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la OEA, quien agrega que para democratizar la comunicación, es importante que el acceso a las frecuencias no sea discriminatorio.

El espectro radioeléctrico de Guatemala no es para todos. Si bien las frecuencias son propiedad del Estado, son muy pocos los que históricamente han podido pagar por ellas mediante subastas y mediante concesiones poco transparentes. El libre mercado, el que ofrezca más dinero, es el que ha logrado “expandir su voz” a lo largo y ancho del territorio nacional. Es el único mecanismo que existe para que alguien pueda obtener una frecuencia radioeléctrica. En consecuencia, el cuadrante se mueve desde frecuencias muy bajas a ultra elevadas, que en general excluyen  otras voces, las no comerciales, que forman parte de la sociedad civil y los pueblos indígenas.

Por ello, en diversas oportunidades, a lo largo de la última década, el Estado de Guatemala ha recibido llamadas de atención por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). “La libertad de expresión es un derecho fundamental y es necesaria la inclusión de otros actores para una sana democracia”, como indica el abogado y periodista uruguayo, Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA en esta entrevista. “La comunicación no debe ser exclusivamente configurada por el mercado”, agrega.

El panorama actual de la radiodifusión en Guatemala podría adaptarse a los requerimientos internacionales si en el Congreso de la República se aprueba la Iniciativa de Ley 4087. Una ley que por primera vez reconocería la existencia de los medios de comunicación comunitarios, sus dinámicas, sus frecuencias, funcionamiento y sus límites legales. Una iniciativa que ha marcado, no obstante, la oposición mediática de los sectores comerciales aglutinados en la Cámara de Radiodifusión Guatemalteca, alegando “inconstitucionalidad”, “corrupción”, y “la creación de un concejo que sería una nueva carga tributaria para los guatemaltecos”, y criminalizando los intentos locales por comunicarse e informar.

Lanza explica que no es posible, a estas alturas, un pensamiento de exclusión para la libertad de Expresión en Guatemala. “Es aquí donde más se justifica la diversidad de voces para una democracia inclusiva”, señala. El relator habló con Plaza Pública el pasado fin de semana, en el marco de una visita privada, no oficial, que realizó a Guatemala, durante la cual se reunió con representantes de las organizaciones civiles que promueven la Ley de Medios de Comunicación Comunitaria, cuya aprobación se encuentra detenida en el Congreso debido al rechazo que ésta ha generado entre los consorcios de radioemisoras comerciales.

¿Por qué es importante el reconocimiento de los medios de comunicación comunitarios?

edioson 2Desde la relatoría de la OEA se ha dicho que las radios comunitarias juegan un papel fundamental en materia de comunicación desde las organizaciones sociales y los pueblos indígenas en general. Se trata de un modo de expresión que permite la inclusión de distintas voces en el espectro radioeléctrico. En Guatemala, reconocer los medios comunitarios sería un paso importante para la democracia, ya que son sectores que han sido excluidos históricamente de todos los espacios de comunicación. Comunicar, fundar sus propios medios es parte de sus derechos. Pero vamos, la discusión central, es que el Estado tiene la administración de lo que sucede en el espectro radiofónico. La obligación consiste en que exista una pluralidad de actores, que haya diversidad de propuestas. Es importante y debe ser prioritario en materia de Derechos Humanos.

¿La vía legal como la aprobación de la iniciativa 4087 es la única forma de reconocimiento?

La experiencia de otros países ha planteado alternativas para acceso a los medios comunitarios. Ha habido mecanismos de reconocimiento, de otorgamiento de frecuencias como consecuencia de procesos de paz. Pero en Guatemala el problema de exclusión es estructural. Ante este panorama lo más correcto es que se regule mediante una ley para que adquiera sentido material y formal. Es importante que la ley establezca mecanismos objetivos para facilitar que los grupos excluidos históricamente puedan tener acceso a una frecuencia. El inconveniente –como lo que sucede en Guatemala– es cuando el único mecanismo de acceso al espectro radiofónico que se da por medio de subastas. El mecanismo de acceso a las frecuencias de por sí es discriminatorio. Sólo los grupos que tienen mucho dinero pueden y han podido licitar una frecuencia. Estamos hablando del derecho fundamental de toda la población para difundir y recibir información. Es lo que está en juego.

El mecanismo de acceso a las frecuencias de por sí es discriminatorio. Sólo los grupos que tienen mucho dinero pueden y han podido licitar una frecuencia. Estamos hablando del derecho fundamental de toda la población para difundir y recibir información. Es lo que está en juego.

El libre mercado ha configurado la libertad de expresión en muchos países de Latinoamérica.

Es consecuencia de momentos políticos e históricos. Algunos de los países adoptaron mecanismos que han sido inequitativos y han sido discriminatorios con buena parte de la población. Estos Estados se alejan demasiado del cumplimiento cabal de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del pacto Universal de Derechos Civiles y Políticos. Estos convenios son la base para obligar a los Estados a que adapten su legislación en concordancia con las exigencias de libertad de expresión. Es parte de la inclusión como responsabilidad de los Estados. Pensar que no suceda en una sociedad tan diversa como la guatemalteca es algo que llama la atención.

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